Desapariciones: Canciller precisa posición oficial

La comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, ante el Senado permitió delinear con mayor precisión la posición del Estado mexicano frente al informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de Naciones Unidas. 

La postura oficial se articula en dos ejes: mantener una cooperación amplia con el sistema internacional de derechos humanos y, al mismo tiempo, señalar los aspectos del informe que el gobierno considera jurídicamente improcedentes.

Durante su intervención, Velasco reiteró que México reconoce plenamente la gravedad del fenómeno de las desapariciones y el impacto que tiene en miles de familias. “Primero que nada, el dolor que están atravesando muchas personas… es innegable”, afirmó. Este reconocimiento constituye el punto de partida de la política exterior en la materia: la cooperación internacional no está en disputa.

Sin embargo, el canciller también subrayó que el informe del CED presenta elementos que, desde la perspectiva del gobierno mexicano, exceden el mandato del comité. Señaló que el organismo “se haya extralimitado en una interpretación que hacen del concepto de desaparición forzada” y que incluso recurrió al Estatuto de Roma “para lo que no tienen facultades”. Estas observaciones no buscan desacreditar el trabajo del comité, sino precisar los límites normativos que rigen la interacción entre los Estados y los mecanismos internacionales.

Velasco también destacó que el informe se centra en hechos ocurridos antes de 2018, particularmente en entidades como Coahuila, Nayarit y Veracruz. Desde la Cancillería se considera que este enfoque no refleja los avances institucionales recientes ni los esfuerzos actuales para fortalecer los mecanismos de búsqueda y atención a víctimas.

En el plano multilateral, el canciller explicó que el informe activa un procedimiento formal que será revisado por el secretario general y posteriormente por la Asamblea General de la ONU. México participará en ese proceso con una postura abierta al diálogo, reiterando su disposición a explorar “mecanismos alternativos de cooperación” que fortalezcan la atención al fenómeno sin comprometer la interpretación jurídica del Estado mexicano.

La posición institucional es clara: México mantiene su compromiso con la cooperación internacional en materia de derechos humanos, pero defenderá la correcta aplicación de los marcos normativos que regulan la actuación de los órganos multilaterales. Este equilibrio —entre apertura y precisión jurídica— será determinante para la interlocución del país en los próximos meses