Operativo clandestino

La muerte de dos ciudadanos estadounidenses en la Sierra Tarahumara no solo reveló una operación irregular: expuso la ruptura de los controles institucionales en Chihuahua y la existencia de una colaboración extranjera que violó abiertamente la legislación mexicana. El Gobierno federal confirmó que los fallecidos —uno con pasaporte diplomático y otro ingresado como simple visitante— “no contaban con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional”, y que la Federación “no tenía conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando” en México. La frase es tan clara como alarmante: el Estado mexicano desconocía que personal extranjero participaba en operativos armados dentro de su territorio.

Los documentos oficiales y las investigaciones en curso muestran que al menos cuatro agentes de la CIA participaron en el desmantelamiento de laboratorios de metanfetamina en Chihuahua, operando drones y acompañando a mandos estatales. La Unidad Especializada lo definió como una “posible colaboración extraoficial” con la Agencia Estatal de Investigación, es decir, una operación realizada sin informar siquiera, supuestamente, a la fiscalía local. Fue una violación a la Ley de Seguridad Nacional.

La crisis política que siguió era inevitable. El fiscal César Jáuregui primero negó la participación operativa de los extranjeros y los redujo a simples “instructores”. Pero su versión se desplomó conforme avanzaron las investigaciones. En su renuncia irrevocable reconoció que la información que difundió era “inconsistente”, que hubo “omisiones” en los puntos de contacto con los presuntos agentes y que esos fallos vulneraron los mecanismos de control que él estaba obligado a garantizar. Su salida confirma (en el menos grave de los casos) que la Fiscalía perdió el control de sus propios operativos.

En este escenario, el único gobierno con responsabilidad directa sobre los hechos es el de Chihuahua, encabezado por la gobernadora Maru Campos. Fue su administración la que condujo el operativo, la que permitió —por acción u omisión— la presencia de personal extranjero sin acreditación y, sin embargo, ella ha evitado, a toda costa, ofrecer una explicación clara. La gobernadora incluso canceló su comparecencia ante el Senado, alimentando la percepción de que busca evadir la rendición de cuentas. Su comportamiento errático, la ausencia de información y la falta de transparencia han llevado a que diversos actores políticos interpreten que intenta dejar que el tema se diluya, confiando en que la opinión pública pronto se concentre en otros asuntos.

Esa conducta no solo es políticamente insostenible: es peligrosa. Cuando un gobierno evita explicar hechos tan graves, abre la puerta a sospechas mayores. Y en este caso, la opacidad ha generado la percepción de que la gobernadora podría estar intentando ocultar responsabilidades más profundas dentro de su administración. No se trata de afirmar delitos no acreditados, sino de reconocer que la falta de explicaciones oportunas y la negativa a comparecer ante el Senado alimentan esa lectura pública.

El accidente del 19 de abril —una camioneta que cayó a un barranco de más de 200 metros, matando a cuatro personas, entre ellas el director de la AEI— no solo reveló una tragedia: reveló un patrón. Según reportes oficiales, los agentes estadounidenses habrían participado en al menos tres operativos similares durante el año. Es decir, no fue un hecho aislado, sino una práctica sostenida y oculta.

La destrucción del narcolaboratorio, que el fiscal calificó como uno de los mayores golpes al crimen organizado, quedó eclipsada por la ilegalidad del operativo. Y aquí está el punto central: ningún éxito táctico justifica violar la ley, comprometer la soberanía y debilitar la confianza pública. La lucha contra el crimen organizado no puede convertirse en un espacio donde autoridades estatales establezcan alianzas clandestinas.

Este caso obliga a replantear la relación entre los gobiernos locales y las autoridades federales, pero también la relación bilateral con Estados Unidos. La cooperación en seguridad solo es legítima cuando es transparente, regulada y conocida por el Estado mexicano. Todo lo demás —lo que ocurrió en Chihuahua— es una zona gris que erosiona la soberanía y abre la puerta a operaciones paralelas sin control legal.

La renuncia del fiscal es apenas la primer consecuencia a nivel de organigrama. Lo que sigue es determinar quién autorizó, permitió o toleró la presencia de agentes extranjeros en operativos armados. Y, sobre todo, si este episodio es una excepción… o la punta de un iceberg que el gobierno de Chihuahua ha intentado mantener fuera de la vista pública.

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