Sinaloa: Cuentas pendientes y costo político

La crisis abierta por la solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros funcionarios mexicanos por parte del Gobierno de Estados Unidos no solo tensó la relación bilateral, sino que obligó al gobierno federal a fijar una postura firme frente a un proceso que la presidenta Claudia Sheinbaum consideró viciado de origen.

La mandataria recordó que la difusión de una “acusación de reemplazo bajo reserva” viola los tratados internacionales, subrayando que estos procedimientos deben mantenerse en estricta confidencialidad. Y añadió un matiz que no pasó desapercibido: sin pruebas sólidas, las imputaciones podrían tener motivaciones políticas.

La respuesta presidencial fue clara: México no encubrirá a nadie, pero tampoco permitirá injerencias externas. “Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, afirmó. 

El mensaje, dirigido tanto a Washington como a la opinión pública nacional, buscó equilibrar la defensa de la soberanía con la obligación institucional de investigar cualquier señalamiento.

En Sinaloa, la solicitud de licencia del propio Rocha Moya y de otros funcionarios abrió un nuevo capítulo. La senadora Imelda Castro consideró que este paso “contribuye a generar condiciones para el esclarecimiento de las imputaciones” y permite que las instituciones actúen con libertad y transparencia. Su llamado a la serenidad y la responsabilidad buscó contener la especulación política y preservar la unidad del movimiento en un estado clave para Morena.

Pero más allá de la coyuntura inmediata, hay un elemento que no puede ignorarse: el desgaste político de Rocha Moya no comenzó con la acusación estadounidense. Desde prácticamente el inicio de su administración, Sinaloa ha enfrentado una ola de violencia que no logró contener. 

Esa incapacidad para estabilizar la seguridad pública generó un costo político que, lejos de quedarse en el ámbito estatal, se trasladó al movimiento gobernante en su conjunto. En los hechos, el desgaste de Rocha Moya terminó cargándose a la cuenta de Morena y, más recientemente, a la de la propia presidenta Sheinbaum, quien ha debido responder por una crisis que no se originó en su gestión.

Por ello, la investigación iniciada por la Fiscalía General de la República adquiere una relevancia mayor. No se trata únicamente de revisar documentos enviados desde Estados Unidos, o requerirlos, sino de permitir que las instituciones mexicanas determinen, con objetividad y sin presiones partidistas, si existen responsabilidades que deben asumirse. La consistencia del discurso presidencial —verdad, justicia, soberanía— exige que el proceso avance por cauces imparciales, de manera que la presidenta no cargue con desprestigios ajenos, ni se vea obligada a tensar la relación bilateral por errores que no le corresponden.

Dicho de manera directa: ya es tiempo de que cada morenista se haga cargo de sus propias cuentas por pagar. La unidad del movimiento no puede sostenerse a costa de absorber costos políticos derivados de gestiones afines o aliadas que no han dado resultados. La fortaleza del proyecto depende también de deslindes oportunos y de permitir que las instituciones actúen sin consideraciones partidistas.

Mientras tanto, en el plano nacional, Morena vive su propia reconfiguración interna. La renuncia de Ariadna Montiel a la Secretaría de Bienestar para asumir la presidencia del partido, este 3 de mayo, confirma que el movimiento entra en una fase de reorganización estratégica rumbo a las elecciones de 2027. Su llegada busca fortalecer la operación territorial y la cohesión interna, especialmente tras las tensiones que marcaron la gestión de Luisa María Alcalde. 

El relevo en Bienestar, con la llegada de Leticia Ramírez, garantiza continuidad en los programas sociales, mientras el partido se prepara para un ciclo electoral que exigirá disciplina y claridad de rumbo.

Así, México enfrenta simultáneamente una presión externa y una reconfiguración interna. La primera obliga al gobierno federal a reafirmar su soberanía y a blindar sus procesos institucionales frente a filtraciones y acusaciones mediáticas, sin sustento. 

La segunda exige responsabilidad individual dentro del movimiento gobernante. La narrativa de unidad —“porque con el pueblo todo, sin el pueblo nada”— solo será sostenible si cada actor político asume las consecuencias de sus decisiones y si las instituciones actúan con independencia real.

La presidenta Sheinbaum ha marcado los principios: verdad, justicia y soberanía. Ahora corresponde a las instituciones —y a los propios actores involucrados— demostrar que esos principios no son discurso puro, sino guía efectiva para enfrentar una crisis que no admite evasivas ni cargas compartidas.