Solicitan al CJF destituir jueces que protegen a Cabeza de Vaca

CIUDAD DE MÉXICO | 7 de mayo de 2025. – En una rueda de prensa celebrada esta tarde en el Senado de la República se evidenció un caso de supuesta colusión en el ámbito judicial para favorecer al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actualmente prófugo de la justicia. 

El diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, encabezó la sesión y ofreció detalles sobre lo que calificó como una “cofradía” de jueces y magistrados implicados en una trama de protección a dicho exmandatario tamaulipeco.

Según explicó Gutiérrez Luna, el entramado comenzó con el juez jubilado Faustino Gutiérrez Pérez, quien en su condición de exintegrante del sistema judicial en Reynosa habría expedido múltiples resoluciones que beneficiaron a García Cabeza de Vaca. 

El diputado señaló que, tras la salida del primer funcionario, el cargo fue asumido por el juez Juan Fernando Alvarado López, suspendido posteriormente por el Consejo de la Judicatura Federal, CJF, después de haber otorgado un amparo que permitió al exgobernador aspirar a diputación federal, pese a contar con un fallo adverso del Tribunal Electoral.

El legislador resaltó que estas maniobras no se limitaron a decisiones judiciales aisladas, sino que formarían parte de una “trama compleja de intereses” orientada a blindar al acusado de afrontar procesos penales. 

En su intervención, Gutiérrez Luna llamó a que se tomen medidas inmediatas: “Exigimos que el Consejo de la Judicatura determine de manera definitiva la separación del cargo de este juez y que se permita a la Fiscalía ejercer acción penal contra quienes han participado en estos actos”. 

Además, hizo mención a la intervención de la magistrada Amalia del Carmen Fernández Barquín, quien, en su calidad de secretaria ejecutiva del Consejo de Vigilancia, estaría impidiendo el avance de las investigaciones en contra de algunos de los funcionarios involucrados.

Durante la conferencia, otros legisladores, entre ellos la senadora Olga Sosa Ruiz, se pronunciaron en torno a la necesidad de evitar que el Poder Judicial se convierta en un instrumento para otorgar salvoconductos que protejan a individuos con antecedentes de corrupción. 

Los portavoces señalaron que existen alrededor de 20 amparos que, de acuerdo con la denuncia, han sido emitidos en beneficio del exgobernador, lo que revela un patrón en el que decisiones judiciales podrían estar vinculadas a intereses económicos y políticos.

Asimismo, los legisladores destacaron que el exgobernador habría impulsado reformas en el pasado para garantizar su protección, llegando incluso a modificar el marco constitucional con el fin de obtener una escolta personal compuesta por más de 40 elementos, recurso que fue avalado judicialmente a través de amparos controvertidos.

Estas declaraciones se enmarcan en un contexto previo a la elección del nuevo Poder Judicial, prevista para el próximo 1 de junio, donde se espera que la ciudadanía cuente con funcionarios comprometidos con la transparencia y la justicia.

En respuesta a las preguntas de la prensa, Gutiérrez Luna enfatizó que la exigencia no se trata de realizar un juicio político, sino de iniciar acciones jurídicas contundentes para erradicar conductas que, según los denunciantes, han demostrado favorecer la impunidad. 

“La ciudadanía está cada vez más informada y exige que quienes integran el sistema judicial respondan ante la ley. No podemos tolerar que se sigan blindando a personas que utilizan la justicia como medio para evitar su responsabilidad penal”, afirmó el diputado.

La conferencia concluyó con un llamado conjunto de los legisladores a reforzar los mecanismos de control interno y a acelerar las reformas necesarias en el Poder Judicial. 

Las autoridades competentes deberán analizar las denuncias y, en su caso, adoptar las medidas correspondientes para garantizar que el sistema judicial deje de ser un refugio para aquellos que han constituído una extensa red de corrupción multinacional.