Recibe Congreso reforma electoral de Claudia Sheinbaum

CD. DE MÉXICO. - La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remitió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que busca modificar la estructura de representación política, el financiamiento de los partidos, la fiscalización de campañas, el uso de inteligencia artificial en procesos electorales y la integración del Congreso. 

La entrega se formalizó este día mediante el oficio 100-060 de la Secretaría de Gobernación, suscrito por Rosa Icela Rodríguez.

El documento afirma que México vive una etapa de “transformación por voluntad mayoritaria de sus ciudadanos” y sostiene que la democracia debe perfeccionarse para responder a nuevos desafíos institucionales, sociales y tecnológicos. 

La Presidencia argumenta que la reforma no implica ruptura, sino continuidad del constitucionalismo mexicano, y que su propósito es fortalecer la soberanía popular, la austeridad republicana y la legitimidad del sistema electoral. 

En uno de los puntos centrales se afirma que “la verdadera vocación democrática en la Cuarta Transformación parte del respeto irrestricto a la voluntad popular”, y que el pueblo es “el poder supremo de nuestra patria”.

Uno de los ejes más relevantes de la iniciativa es la reconfiguración del sistema de representación proporcional. El proyecto mantiene las 300 diputaciones de mayoría relativa y las 200 de representación proporcional, pero modifica su asignación. 

Cien diputaciones se otorgarían a quienes compitieron en distritos y no obtuvieron el triunfo, ordenados según el porcentaje de votación alcanzado, mientras que las otras cien se elegirían por votación directa en cinco circunscripciones regionales, incluyendo el voto de mexicanos en el extranjero. 

El texto señala que la reforma “no elimina el principio de representación proporcional”, sino que busca “fortalecer su legitimidad pública” y superar la percepción negativa de las diputaciones plurinominales designadas por cúpulas partidistas.

La iniciativa también propone eliminar las senadurías de representación proporcional, lo que reduciría la Cámara Alta a 96 integrantes, tres por cada entidad federativa. En el documento, el párrafo constitucional que establecía las 32 senadurías plurinominales aparece marcado como “Derogado”, lo que confirma la intención de suprimir esa figura.

Otro componente central es la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. La propuesta disminuye el monto ordinario al 48.75% de la Unidad de Medida y Actualización, frente al 65% vigente. 

Además, prohíbe aportaciones de gobiernos, organismos o personas extranjeras y establece que las instituciones financieras deberán reportar diariamente al Instituto Nacional Electoral todas las operaciones de partidos, precandidatos y candidatos. El documento es explícito: “Los ingresos, egresos y demás operaciones financieras… deberán ser reportados cotidianamente… al Instituto Nacional Electoral”.

La reforma incorpora por primera vez una regulación constitucional sobre el uso de inteligencia artificial en campañas. Todo contenido alterado mediante IA deberá estar etiquetado, y los medios de comunicación y plataformas digitales serán responsables de evitar la difusión de material no identificado como tal. El texto señala que “todo contenido… alterado mediante el uso de inteligencia artificial… deberá estar etiquetado”, y que las plataformas deberán “identificar y evitar la difusión” de contenido manipulado sin aviso.

El proyecto también amplía los mecanismos de democracia directa. Reconoce el derecho a participar en consultas populares, referéndums y plebiscitos, cuyos resultados serán vinculantes cuando participen al menos 40% de las personas inscritas en la lista nominal. 

Asimismo, faculta a los estados para regular mecanismos locales de participación ciudadana. La iniciativa subraya que estos instrumentos deben fortalecer la deliberación pública y la legitimidad institucional.

En materia de austeridad, la propuesta establece que ningún funcionario del INE, de los organismos públicos locales electorales o de los tribunales electorales podrá percibir una remuneración superior a la de la presidenta de la República. El documento afirma que la austeridad republicana no es solo una directriz administrativa, sino un principio constitucional vinculado a la justicia social y la congruencia ética del ejercicio del poder.

La Secretaría de Hacienda concluyó que la iniciativa no genera impacto presupuestario adicional, al no crear nuevas instituciones ni establecer obligaciones financieras extraordinarias. En su dictamen se afirma que “el Proyecto no tendrá impacto presupuestario… no se generan nuevas atribuciones… no se establecen mayores asignaciones presupuestarias”.

La propuesta llega a un Congreso donde Morena y sus aliados mantienen mayoría, pero no cuentan con los dos tercios necesarios para aprobar reformas constitucionales sin apoyo opositor. 

El propio documento recuerda que la Cámara de Diputados “con el rechazo de la oposición, desechó las reformas en materia eléctrica y electoral” en la legislatura anterior, lo que anticipa un debate intenso y políticamente cargado.