Aseguramiento de ferrotanques destapó huachicol a gran escala

Ciudad de México | 27 de julio de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó hoy que mantiene abierta y en curso una investigación de gran escala sobre una red de contrabando de hidrocarburos operada mediante rutas ferroviarias, cuyas operaciones habrían generado un daño patrimonial superior a cuatro mil millones de pesos durante el primer semestre del año analizado. 

La indagatoria se inició tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, situación que obligó a activar protocolos de seguridad y peritajes especializados debido al riesgo que representaban para la población.

A partir de ese aseguramiento, la FGR amplió la revisión de la cadena logística del combustible, identificando movimientos similares en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, así como la reconstrucción de la ruta ferroviaria utilizada para el traslado del producto. El análisis de pedimentos, facturas, cartas porte y documentación corporativa permitió ubicar a la empresa importadora principal, constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México por José “N” y dos personas morales.

La evolución corporativa de dicha empresa se convirtió en un elemento central de la investigación, particularmente por la incorporación de Ernesto “N” (Ruffo) como accionista a partir de octubre de 2018. De acuerdo con los dictámenes de ingeniería y criminalística, la estructura operativa de la compañía habría facilitado el movimiento irregular de hidrocarburos, lo que derivó en un perjuicio fiscal superior a cien millones de pesos y en el aseguramiento de 170 ferrotanques adicionales en julio de 2025.

Con información cruzada entre la Agencia Nacional de Aduanas y el Servicio de Administración Tributaria, la FGR estableció la reiteración de más de cuatro mil operaciones irregulares, cifra que será acreditada plenamente en la investigación complementaria, ofreció este día la FGR. La institución subrayó que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa, conforme a la Constitución, por lo que las personas imputadas no pueden enfrentar el proceso en libertad.

La Fiscalía enfatizó que Ernesto “N” no es investigado por sus vínculos políticos ni por sus actividades públicas, sino por su probable participación en las conductas delictivas detectadas. Asimismo, reiteró que todas las actuaciones ministeriales se realizan con apego a derecho, respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de las personas señaladas.

La investigación continúa en desarrollo y se espera que en las próximas etapas se integren nuevos dictámenes técnicos y financieros para robustecer la carpeta correspondiente.

FOTO | ARCHIVO