Castiga Coahuila al PAN y MC

Las elecciones legislativas de Coahuila del pasado 7 de junio dejaron al descubierto dos caras de una misma moneda: por un lado, el derrumbe histórico del PAN y de Movimiento Ciudadano; por el otro, un proceso electoral que, pese al triunfo contundente del priismo, quedó marcado por denuncias graves que no han sido desacreditadas.

El primer dato que sobresale es el voto de castigo, que esta vez fue para el PAN y el MC que no sólo perdieron posiciones en el congreso: perdieron su registro estatal. Con 2.16% y 1.97% de la votación válida, respectivamente, quedaron por debajo del umbral legal del 3%, lo que implica la desaparición de sus prerrogativas y su salida del Congreso local. Se trata de un colapso político que evidencia la incapacidad de ambas fuerzas para sostener presencia territorial, narrativa competitiva o estructura mínima.

En contraste, el PRI y su aliado UDC obtuvieron “carro completo”, ganando los 16 distritos de mayoría relativa. Más las curules de representación proporcional que le serán asignadas. Cabe decir que esta entidad es la única que no ha registrado alternancia desde que el PRI tomó el poder. Pero sería un error atribuir este resultado a la dirigencia nacional priista. Analistas coinciden en que mucho mérito de la votación mayoritaria es para el gobernador Manolo Jiménez, no de Alito Moreno, un directivo partidista que, en vez de sumar, resta.

En cuanto a Morena, este partido mantendrá 5 curules plurinominales en el Congreso del Estado, misma cantidad que ya tenía, manteniéndose como la segunda fuerza política. 

Sin embargo, mientras el priismo celebraba, la oposición de izquierda —Morena y PT— denunciaba una elección de Estado. Las acusaciones fueron relevantes, destacando un esquema de presunta compra de votos bautizado como “QRGate”, donde operadores entregaban códigos QR a los electores para verificar el sufragio a favor del PRI y proceder a un pago de 500 pesos. Versiones morenistas señalan que en Torreón se localizaron domicilios donde se resguardaban listas, códigos QR, datos personales y efectivo destinado al objetivo electoral. Si esto se confirma, estaríamos ante un refinado mecanismo de coacción del voto.

A ello se sumaron denuncias de violencia e intimidación política: detenciones arbitrarias de unos 200 militantes de Morena y PT, patrullajes dirigidos contra legisladoras federales que documentaban irregularidades, y una emboscada violenta en San Pedro contra el equipo de campaña de la candidata Delia Aurora Alvarado. 

Frente a este panorama, Morena y PT anunciaron una ruta jurídica que incluye denuncias ante la FISEL (antes FEPADE), solicitudes de investigación financiera a la UIF y la intervención de la Policía Cibernética para rastrear la plataforma de los códigos QR. La validez final de la elección dependerá de las resoluciones del Tribunal Electoral, aunque, a priori, una parte del electorado ya tiene la idea de que el proceso no fue limpio. Con todo y eso, es altamente improbable que se anule la elección y se reponga el proceso. En cuestiones electorales no hemos llegado a tanto. 

Así, la elección confirmó que, en el estado norteño, la disputa por el poder sigue marcada por viejas prácticas irregulares, que el país quiere erradicar, pero que persisten y se afianzan con nuevas herramientas y mayor sofisticación. 

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