Sinaloa: cambiar para que todo siga igual

La salida de Rubén Rocha Moya de la gubernatura de Sinaloa no representa, por sí misma, el inicio de la solución a los problemas que han colocado a la entidad en una de las etapas más críticas de su historia. Por el contrario, la licencia indefinida del mandatario ha venido a confirmar que la crisis sinaloense es mucho más profunda que la permanencia o ausencia de una sola figura política. 

Lo que enfrenta el estado no es únicamente un problema de liderazgo, sino una compleja combinación de inseguridad, debilitamiento institucional, disputas de poder y pérdida de confianza ciudadana. Males que, por cierto, no empezaron con Rocha, sino que se remontan a décadas.

Durante meses, voces convenencieras alimentaron la percepción de que una eventual salida de Rocha Moya podría convertirse en una especie de punto de inflexión para recuperar la gobernabilidad. Sin embargo, los acontecimientos posteriores han demostrado que la realidad es mucho más compleja. La inquietud generada por su separación del cargo, los cambios de posición registrados en apenas unos días y la falta de claridad respecto del rumbo político de la entidad han hecho pensar en una parálisis gubernamental. 

Un error de diagnóstico consiste en asumir que la crisis de seguridad de Sinaloa tiene un origen exclusivamente político, personal y reciente. La violencia que azota a la entidad responde a fenómenos estructurales vinculados con la operación y disputa de organizaciones criminales que desde hace largos años han logrado construir redes de influencia económica, social y política. Por tanto, ninguna licencia, renuncia o sustitución administrativa puede desmontar de manera automática estructuras que se encuentran arraigadas a lo largo del territorio sinaloense. 

A ello se suma un elemento igualmente preocupante: la percepción de que el relevo en el ejecutivo estatal no necesariamente implica una ruptura con los grupos políticos que han conducido los destinos de la entidad. Los primeros movimientos posteriores a la salida de Rocha Moya apuntan más a una transición controlada que a un proceso real de renovación institucional. En otras palabras, existe el riesgo de que se reproduzca el viejo principio gatopardista de cambiar algo para que todo permanezca igual. 

Si las nuevas autoridades mantienen los mismos equilibrios de poder, las mismas alianzas y los mismos mecanismos de toma de decisiones, difícilmente podrá hablarse de una transformación de fondo. Peor será si después de las elecciones del 2027, el esquema actual se mantiene inalterado. La sociedad sinaloense demanda algo más que un cambio de nomenclatura en el organigrama gubernamental. Lo que exige es una revisión integral de las políticas de seguridad, una verdadera aplicación de la ley y una recuperación efectiva de la capacidad del Estado para ejercer autoridad legítima, por encima de poderes fácticos. 

Mientras no exista la voluntad política para enfrentar las causas estructurales de la violencia, transparentar el ejercicio del poder y romper cualquier vínculo de dependencia con los factores que condicionan la vida pública de la entidad, las soluciones seguirán postergándose. La salida de Rocha Moya podrá modificar la narrativa política del momento, pero sin garantizar una transformación verdadera.

Por ello, más que celebrar un relevo administrativo, conviene procesar con cautela los acontecimientos. El verdadero desafío para Sinaloa  no es asignar sustituto a un gobernador cuestionado, sino construir gobernabilidad, contener los poderes fácticos y depurar todo cuanto sea necesario para que la profilaxis sea cabal.

La clase dirigente de la 4T debe entender que en nada favorece al partido que el despretigio de unos cuantos despretigie a todos y, peor, que ese desgaste vaya en detrimento de la marca.

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