Moreno contra Morena

La denuncia que Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, presentó ante el Departamento de Estado de Estados Unidos no es común. Tratándose de un actor de alto nivel no es usual que éste acuda a un gobierno extranjero para solicitar que evalúe y eventualmente sancione a funcionarios electorales mexicanos. El hecho, por sí mismo, revela la creciente tendencia a trasladar conflictos internos hacia escenarios externos, ajenos, para alentar respuestas injerencistas.

En un comunicado, el senador sostiene que la resolución del INE “le coartó su libertad de expresión” y que, por ello, recurrió a la Global Magnitsky Act, una legislación norteamericana diseñada para sancionar violaciones graves a derechos humanos. Alito es explícito: “presentaremos las denuncias correspondientes ante otros organismos internacionales, como la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos” . La estrategia del PRI busca colocar al árbitro electoral bajo escrutinio global, insinuando que sus decisiones responden a presiones del gobierno y no a criterios técnicos propios.

Si esta narrativa se analiza en contraste con el discurso que Morena ha sostenido en los últimos años, para el partido en el poder, la oposición —particularmente el PRIAN— ha recurrido sistemáticamente a la idea de “persecución política” para desacreditar investigaciones judiciales que involucran a sus figuras relacionadas con ilegalidades. En su posicionamiento sobre el caso Ruffo, Morena afirma que “cada nueva detención debilita el discurso de la ‘persecución política’” y acusa al PAN de blindar a sus cuadros aun cuando existen indicios de delitos graves. La crítica es clara: la oposición politiza los procesos judiciales para convertirlos en ataques al gobierno, incluso cuando las investigaciones tienen sustento.

Desde esa perspectiva, la denuncia de Moreno ante Washington reproduce el mismo esquema que Morena atribuye al PRIAN: transformar un conflicto administrativo-electoral en un caso de violaciones a derechos humanos, equiparando una resolución del INE con prácticas represivas en otros países. El dirigente priista incluso cita el caso del juez brasileño Alexandre de Moraes, sancionado por Estados Unidos en 2025, para justificar su petición: “ese antecedente demuestra que las autoridades estadounidenses ya han utilizado sus herramientas para responder frente a conductas que consideran graves afectaciones a la libertad de expresión” .

Pero el contraste más profundo está en la narrativa de censura. Morena sostiene que la comunicación gubernamental —incluida la Mañanera— es un ejercicio de transparencia y no de control informativo. En posicionamiento reciente, el partido afirma que “la Mañanera es un espacio de comunicación directa con el pueblo” y acusa al PRIAN de haber utilizado históricamente la comunicación oficial para ocultar información y perseguir opositores. Desde esa óptica, la denuncia del PRI no es una defensa de la libertad de expresión, sino un intento por desacreditar al INE y deslizar la idea de que las instituciones están capturadas por el gobierno.

Así, mientras Morena acusa al PRIAN de politizar los asuntos judiciales, el PRI acusa a Morena de censura institucional; mientras Morena denuncia que la oposición utiliza la narrativa de persecución para blindarse, el PRI recurre a instancias internacionales para denunciar persecución; mientras Morena defiende la comunicación gubernamental como transparencia, el PRI la presenta como un mecanismo de control.

La frase final del comunicado priista sintetiza una línea de conducta tan sistemática como desgastada: “No nos van a callar… en el PRI no vamos a permitir que los cínicos y narcopolíticos de Morena terminen de construir una dictadura al amparo del crimen organizado”. Es un mensaje que busca dramatizar el momento político y situar a su menguado partido como defensor de la democracia frente a un gobierno que, según su narrativa, pretende silenciar a la oposición.

Pero acudir al Departamento de Estado para solicitar sanciones contra consejeros del INE no fortalece la soberanía institucional ni la independencia del árbitro electoral. Más bien, abre la puerta a que actores externos intervengan en disputas políticas internas, lo cual puede tener consecuencias indeseables para la credibilidad de las instituciones democráticas mexicanas.

En un país donde la polarización ha convertido cada resolución, cada investigación y cada posicionamiento en un pretexto para querellarse, la denuncia de Moreno es un intento más por azuzar intromisiones que favorezcan sus tercas intenciones por retomar un poder que los priistas tuvieron y que perdieron por su proclividad al latrocinio y la violación de las leyes.