Consignas emocionales

Tras la llegada de la 4T al poder, cada vez que surge una reforma destinada a corregir un problema público, algunas oposiciones abandonan rápidamente el debate de fondo para concentrarse en sembrar temor sobre las supuestas consecuencias ocultas de la iniciativa. La discusión deja de girar en torno al problema que se pretende resolver y se transforma en una campaña para convencer a la ciudadanía de que cualquier cambio representa una amenaza para sus libertades, sus derechos o para la democracia misma. 

La reforma constitucional que establece la nacionalidad mexicana única como requisito para aspirar a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, misma que entrará en vigor para los procesos electorales de 2028, constituye el ejemplo más reciente de esta dinámica. Antes incluso de analizar sus alcances jurídicos, sectores opositores activaron una narrativa centrada en la exclusión, el autoritarismo y la supuesta regresión democrática. Sin embargo, el debate de fondo es otro: Se trata de que quienes encabezan las más altas responsabilidades del Estado mexicano tengan un vínculo jurídico exclusivo con la nación que pretenden gobernar. 

Historias similares ya las habíamos visto en otros procesos legislativos, como con la ampliación de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, una herramienta para enfrentar fenómenos criminales de alto impacto y descrita por sus detractores como el fin de las garantías constitucionales. También ocurrió con las reformas para combatir fraudes digitales, con las disposiciones relacionadas con el uso indebido de identidades gráficas, con la regulación de contenidos generados mediante inteligencia artificial, con la obligación de diferenciar claramente entre información y opinión en radio y televisión, e incluso con las restricciones al uso de teléfonos celulares en educación básica. El martes de esta semana, con los votos en contra del PRIAN-MC, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Aduanera para combatir el huachicol fiscal y la subvaluación de mercancías, temas en los que dijeron estar en contra, pero pese a su dicho, rechazaron la iniciativa. En todos los casos, la constante opositora ha sido idéntica: atacar la reforma ante la opinión pública como una amenaza existencial antes de que sus resultados puedan ser evaluados objetivamente. 

Así, muchos de los problemas que hoy se intentan corregir crecieron precisamente durante los años en que las fuerzas hoy opositoras detentaban el poder casi absoluto en la entonces República Imperial. La inseguridad, la impunidad, la corrupción administrativa, las deficiencias regulatorias en el entorno digital y la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas no nacieron en el presente sexenio. Son problemas acumulados durante décadas. Sin embargo, cuando aparecen iniciativas para enfrentarlos, la discusión deja de ser sobre soluciones y se convierte en una competencia por desacreditar cualquier intento de corrección.

Existe además un trasfondo político imposible de ignorar. Para algunos opositores, reconocer que una reforma puede atender un problema real significaría admitir, implícitamente, que durante años no fueron capaces de resolverlo. Resulta más rentable electoralmente presentar cualquier cambio como una amenaza a las libertades, una muestra de incompetencia gubernamental o una medida autoritaria. Bajo esta lógica, el gobierno es acusado simultáneamente de ser demasiado débil para combatir la delincuencia y demasiado fuerte cuando impulsa instrumentos jurídicos para cumplir con sus obligaciones.

No estamos insinuando aquí que toda reforma deba aceptarse sin crítica de por medio. La deliberación democrática exige cuestionar, revisar y perfeccionar las leyes. Pero una cosa es el análisis serio de sus posibles riesgos y otra muy distinta la ejecución sistemática de campañas destinadas a tergiversar sus objetivos. Cuando la crítica se basa en escenarios hipotéticos extremos, en consignas emocionales o en afirmaciones que poco tienen que ver con el contenido real de las iniciativas, el debate público deja de ser útil a los ciudadanos y pasa a servir únicamente a intereses particulares.

La reforma sobre nacionalidad única ya es parte de la Constitución mexicana y sus efectos se verán a futuro, al igual que otras reformas sobrevivientes de intensas campañas desinformadoras, algunas descafeinadas, otras deformadas de su sentido original. Ello nos lleva a plantear una discusión pública menos basada en el miedo y más centrada en los resultados. Porque se distrae mucho tiempo y recursos cuando toda propuesta es combatida como una amenaza, cuando las ideas deberían confrontarse con argumentos, evidencia y memoria histórica.

Y ahí radica la mayor incomodidad para ciertos actores políticos: que los ciudadanos comparen los problemas heredados con las soluciones actualmente en debate, y que en ese ejercicio de memoria también reaparezcan errores, omisiones y episodios de corrupción que los sectores favorecidos por ese pasado de indecencia preferirían mantener en el olvido.

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