Reconstruir confianza

La renuncia de Guadalupe Taddei Zavala es uno de los episodios más dañinos para la imagen pública del Instituto Nacional Electoral en años recientes, sino es que de toda su existencia. Las investigaciones periodísticas, los señalamientos sobre posibles conflictos de interés, la actuación de contratistas favorecidos y las indagatorias oficiales terminaron por volver insostenible su permanencia al frente del organismo.

Ahora la discusión ya no gira alrededor de las responsabilidades de Taddei. La atención debe centrarse en la decisión que tomará la Cámara de Diputados. El relevo en la presidencia del INE no debe reducirse a cubrir una vacante. Se trata de corregir lo que sea necesario para que la institución supere esta crisis con cambios de fondo, sin limitarse a administrar el desgaste provocado por el escándalo. 

La primera exigencia para los legisladores debería empezar por descartar cualquier perfil que llegue acompañado de dudas, así sean mínimas, sobre su independencia. Después de una gestión cuestionada por presuntos manejos indebidos entre funcionarios y proveedores, sería un error imperdonable designar a una persona cuya trayectoria requiera explicaciones o aclaraciones desde el primer momento. La discusión no debe ser ideológica, porque está de por medio la credibilidad.

También sería equivocado reducir la designación a la lógica de las cuotas partidistas. Oficialismo y oposición intentarán influir en el proceso porque el INE administra las reglas de la competencia política. Sin embargo, imponer un perfil identificado con cualquiera de los bloques reproduciría el problema que el Congreso está obligado a resolver. El próximo presidente debe ser percibido como árbitro, no como representante de una facción. Por tanto, los oportunistas que hacen negocios en los pasillos legislativos deben quedar al margen de toda negociación 

La experiencia administrativa será igualmente determinante. El deterioro institucional asociado al caso Taddei no se explica únicamente por decisiones individuales. Los cuestionamientos alcanzaron áreas de contratación, controles internos, procesos administrativos y estructuras directivas. Quien asuma la presidencia necesitará capacidad para revisar expedientes, depurar áreas sensibles y hacer eficaces los mecanismos de vigilancia. Lo principal: deberá reconstruir controles y restaurar confianza, hacia el interior y el exterior.

Existe además una circunstancia relevante: el calendario electoral. Con el proceso federal 2026-2027 en el horizonte, el INE no tiene tiempo para experimentos ni para figuras que necesiten meses para aprender el funcionamiento de la institución. La experiencia electoral acreditada debe pesar más que los compromisos políticos o los equilibrios coyunturales entre partidos.

Otro aspecto fundamental es el método de nombramiento. Recurrir de nuevo a la “tómbola” es no haber aprendido la lección. La ley ofrece salidas cuando no existe acuerdo político, pero un presidente designado por mecanismos de emergencia comenzaría su gestión con una legitimidad limitada. Los diputados deberían agotar todas las vías para construir una mayoría calificada sólida, transparente y creíble. 

La salida de Guadalupe Taddei Zavala dejó una advertencia difícil de ignorar: la autonomía constitucional no garantiza por sí sola la confianza pública. Esa confianza depende de la conducta de quienes encabezan las instituciones y de la capacidad de corregir desviaciones cuando aparecen.

Estamos ante un caso evidente en el que la confianza institucional labrada durante largos años puede destruirse rápidamente cuando se pone en manos de operadores inexpertos, incapaces, o peor aún, inmorales.

La Cámara de Diputados enfrenta una decisión que va más allá nombres y partidos. Si privilegia independencia, experiencia y solvencia profesional y ética, contribuirá a estabilizar al árbitro electoral antes de una elección compleja. Si prevalecen las cuotas, las afinidades políticas o los acuerdos de conveniencia, el problema que hoy hace cimbrar al sistema, seguirá arraigado en el INE, pondría en riesgo el proceso electoral en marcha y podría impactar hasta la misma sucesión presidencial.

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