Reconstruir la gobernabilidad

Con los acontecimientos políticos de las últimas horas en Sinaloa, Morena enfrentó una prueba de congruencia y terminó resolviéndola por la vía de los hechos. Durante años construyó una narrativa basada en la premisa de que nadie debía estar por encima de la ley y que los intereses personales debían ceder ante el interés público. Cuando el caso Rocha Moya comenzó a convertirse en un factor de desgaste para el movimiento, la dirigencia nacional, los gobernadores de la Cuarta Transformación y las figuras más relevantes del partido gobernante, con la presidenta Sheinbaum al frente, optaron por marcar distancia.

El gobernador regresó brevemente al cargo, pero obviamente, sin la autoridad política indispensable para ejercerlo. Las señales fueron demasiado evidentes para ignorarlas: la cautela de la presidenta Claudia Sheinbaum, el deslinde de Morena, la recomendación pública de Ricardo Monreal para que solicitara nuevamente licencia y el pronunciamiento de los gobernadores morenistas llamándolo a actuar con responsabilidad política.

Al final, los acontecimientos hablaron más fuerte que cualquier discurso. Rocha Moya solicitó licencia indefinida a la gubernatura y el Congreso de Sinaloa la aprobó sin resistencia. Con ello quedó abierto el procedimiento constitucional para designar a un gobernador interino y conducir la transición política en la entidad. El problema dejó de ser la investigación en curso y pasó a ser la inviabilidad política de su permanencia en el cargo.

La licencia indefinida representa, en los hechos, el reconocimiento de una realidad que ya era visible e insostenible desde meses atrás. Rocha Moya conservaba formalmente la investidura, pero había perdido los respaldos que hacen posible la gobernabilidad. 

Ahora viene una nueva etapa. La designación del gobernador interino será apenas el primer paso de una tarea mucho más compleja: reconstruir la gobernabilidad en Sinaloa, recuperar la confianza ciudadana y demostrar que el poder público puede imponerse a los intereses facciosos que durante meses profundizaron la crisis. La salida de Rocha Moya no resuelve por sí misma los problemas del estado, pero elimina el principal obstáculo político que impedía afrontarlos.

Los nombres que comienzan a circular revelan dos rutas que tiene Morena frente a sí: optar por un perfil como María Teresa Guerra Ochoa, actual coordinadora de la bancada morenista en el Congreso (aliada de RRM) , o inclinarse por una figura ajena al rochismo que permita enviar una señal de estabilidad y reconstrucción institucional. 

Julio Berdegué Sacristán, cercano a la presidenta Sheinbaum, ha sido mencionado de manera recurrente en las conversaciones de la sucesión inmediata; Eligio López Portillo con experiencia legislativa y conocimiento del entramado político local; David Moreno Lizárraga encarna un perfil académico y administrativo con experiencia en planeación y finanzas; Yeraldine Bonilla Valverde, la alternativa de la continuidad dentro de la estructura gubernamental. Lo relevante es que el centro de gravedad político ya se desplazó de Rocha Moya hacia la construcción de un nuevo equilibrio de poder.

La designación del gobernador interino –prevista para este lunes 24 de agosto– será principal señal sobre el derrotero de la conducción política de Sinaloa durante la etapa post-Rocha y, sobre todo, la disposición que tiene el régimen morenista para lavarse la cara ante la sociedad sinaloense y reconstruir al estado de derecho arruinado por grupos al margen de la ley y sus cómplices insertados en diversos ámbitos del poder estatal. 

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