Senado aprueba Ley General contra la Extorsión

CD. DE MÉXICO | 19 de noviembre, 2025.- El Senado de la República aprobó, con 110 votos a favor en lo general y 95 en lo particular, el proyecto de decreto para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, así como reformas a cinco ordenamientos legales relacionados. Tras la votación, el dictamen fue devuelto a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.

La nueva legislación busca homologar definiciones, sanciones y protocolos de investigación en todo el país, al tiempo que endurece las penas por este delito, consideradas ahora en un rango de 15 a 25 años de prisión, frente a los seis a 15 años planteados originalmente. También se prevé la aplicación preferente de recursos obtenidos por extinción de dominio a la restitución de derechos de las víctimas.

Entre las modificaciones incorporadas destacan dos reservas:

-La inclusión de perspectiva de género en la atención a víctimas.

-El aumento de penas cuando la extorsión se cometa mediante dispositivos electrónicos o plataformas de comunicación.

La reforma contempla sanciones específicas para servidores públicos que omitan denunciar casos de extorsión (10 a 20 años de cárcel) y para quienes introduzcan dispositivos electrónicos en centros penitenciarios sin autorización (6 a 12 años). Asimismo, establece medidas de protección para víctimas, ofendidos y testigos durante todo el procedimiento judicial.

Durante la discusión, legisladores de distintos partidos coincidieron en la necesidad de contar con un marco legal uniforme frente a un delito que, según se expuso en el Pleno, ocupa el tercer lugar en incidencia nacional y afecta tanto la seguridad de las familias como la actividad económica de comunidades enteras. No obstante, se señalaron retos en materia de recursos presupuestales y en la capacidad de las instituciones para aplicar la nueva normativa.

El dictamen también mandata la creación de unidades especializadas en fiscalías, con policías, ministerios públicos y analistas certificados en la investigación de extorsión, con el objetivo de evitar disparidades en el trato legal según la entidad federativa.