Diputados endurecen sanciones por delito de despojo

Ciudad de México | 26 de noviembre de 2025. - La Cámara de Diputados aprobó con 413 votos a favor reformas al Código Penal Federal para incrementar las penas por el delito de despojo, incluyendo agravantes cuando se cometa contra personas adultas mayores, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad. El dictamen fue turnado al Senado para su análisis constitucional.

SANCIONES DE 6 A 10 AÑOS DE PRISIÓN Y MULTAS DE 500 A 2,000 UMAs

Las modificaciones al artículo 395 establecen sanciones de seis a diez años de prisión y multas de 500 a 2,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes ocupen un inmueble ajeno o ejerzan actos de dominio sin derecho, mediante violencia, amenazas, engaño o de forma furtiva.  

El nuevo artículo 395 Bis precisa que las penas se agravarán hasta en una mitad si el delito es cometido contra sectores vulnerables o por servidores públicos. Asimismo, el artículo 396 puntualiza que a las sanciones se acumularán las correspondientes por violencia o amenazas.

FLAGELO SOCIAL ARREBATA A MILES DE FAMILIAS SU PATRIMONIO

Gerardo Ulloa Pérez, diputado de Morena y uno de los promoventes, calificó el despojo como “un cáncer, un flagelo social que arrebata a miles de familias lo construido durante muchos años, dejándolos sin hogar, sin seguridad y muchas veces sin esperanza”.  

El legislador señaló que esta conducta ilícita se ha incrementado de manera sostenida en el país. Tan solo en el Estado de México se registraron más de 42 mil casos de despojo entre 2015 y 2025, afectando principalmente a municipios como Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán, Los Reyes, Valle de Chalco, Chalco y Tecámac.

DELITO PROLIFERA POR OMISIÓN Y COMPLICIDADES

Ulloa Pérez advirtió que el delito ha proliferado no solo por omisión de las autoridades, sino también por la complicidad de servidores públicos con grupos criminales. Por ello, las reformas buscan sancionar con mayor severidad a quienes, desde el poder, participen en actos de despojo.

El Congreso pretende reforzar la protección del derecho a la propiedad y garantizar mayor seguridad jurídica para las familias mexicanas, en un contexto donde el despojo se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales.