Leyes para continuar la cuarta transformación (**)

Casi termina la administración de Andrés Manuel López Obrador, ese líder politico sin parangón en la historia reciente de México que encamina el país hacia uno donde se respete y cumpla la ley, aunque la titular del Poder Judicial y algunos de sus ministros y jueces electorales le juegan las contras extralimitándose al allanar el Poder Legislativo revirtiendo leyes nacionalistas, y al aliarse (por no decir ayuntarse) con los líderes de los partidos opositores, el mismo Felipe Calderón y sus personeros, constituyéndose de facto en un opositor más desde una posición supuestamente neutral y justiciera. 

El Presidente separó sustancialmente el poder politico del económico; hizo pagaran impuestos los grandes contribuyentes sin proponer una reforma arancelaria de fondo; y, sin símil en la historia de México, logró se plasmaran en nuestra Constitución algunos de sus programas de beneficio social y observó escrupulosamente (incluso en su persona) las libertades de expresión, asociación, prensa, manifestación y culto. Lo que nos dibuja claramente a un demócrata comprometido y no, como clama histérica y a veces violentamente la derecha, un dictador. 

Por falta de tiempo, el no considerarlas prioritarias o por la llamada demora o prórroga legislativa de la oposición (incluido Movimiento Ciudadano), López Obrador no llevó a la práctica una serie de medidas que, como se verá mas adelante, deben ser objeto de regulación por parte del Poder Legislativo Federal. 

Es por ello que en este artículo distraigo la atención de la LXVI legislatura para que proponga, discuta y apruebe varias leyes que considero abonarán a la edificación del segundo piso de la transformación de la de la vida pública de México, legislatura que entrará en funciones después del 31 de agosto de este año, dos meses antes de que la próxima presidente de México, Claudia Sheinbaum, asuma el cargo. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (EN ADELANTE IA).

¿Por qué es importante que en México se promulgue una ley general que regule la IA?

Actualmente, México y su primer socio commercial, los Estados Unidos de América, dan los primeros pasos en la regulación el uso de la IA: recién Ricardo Monreal  puso a consideración del legislador una ley que regula el mercadeo y uso de la IA por proveedores y consumidores, y la Orden Ejecutiva de la Casa Blanca sobre Inteligencia Artificial propone al Congreso y las legislaturas estatales abordar temas relacionados con la IA como protección personal, seguridad nacional e inovación responsable.

Mientras aprendemos en nuestras computadoras personales y/o teléfonos celulares cómo usar la IA para obtener y compartir conocimiento e incrementar eficiencias, fascinerosos de cuello gris y blanco aprenden también como explotarla por la vía del fraude y las mentiras.  Así, empezamos a ver como es que la IA puede ser utilizada por el crimen para lucrar ilegalmente, manchar reputaciones personales y arriesgar la seguridad nacional. Ejemplos: el uso de bots para diseminar estafas y calumnias (recuérdese los “hashtags” narcopresidente y narcocandidata), generación de contenido sintético para explotar menores, fraude personalizado usando software que imita voces y el desarrollo de imágenes y videos falsos como aquellos promotores de odio y miedo producidos por el equipo de campaña de la candidata de la derecha. 

La IA es reconocida ahora como la clave tecnológica para desarrollar herramientas contra la extorsión, el tráfico de drogas y personas, el robo de gasolina y agua, lavado de dinero y la calumnia que es la materia prima de la guerra sucia en política que conduce a golpes blandos o “lawfare”, como los perpetrados por fascistas y poderes fácticos contra Lula Da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia  y Pedro Castillo en Perú.

Por lo que el mercadeo y uso de ese paquete de tecnologías necesita ser regulado para minimizar riesgos y daños, promover su investigación, desarrollo tecnológico e inovación responsables y así atemperar la dependencia mexicana de los países líderes en el asunto.

LEY GENERAL DE AGUAS.

En México existe un conjunto de empresas que explota el agua industrialmente para beneficio privado. Por ejemplo, Coca Cola tiene la concesión, por parte de esa creación salinista llamada Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para explotar 59 mil millones de litros de agua, concesión suficiente para abastecer por un año a un millón de mexicanos; Pepsi Cola tiene 31 mil millones y DANONE 19 mil millones.

Este estado de cosas implica reducción del acceso al agua para consumo y contacto humano: en 2006 el 24% de la población Mexicana no tenía acceso diario al agua, actualmente el 40% no lo tiene. Las cifras son engañosas pues entre los hogares que reportan tener agua diariamente, el 43% no la recibe contínuamente a lo largo del día y solo el 17% de los hogares recibe agua todos los meses del año. En México, el 81% de las familias alamcenamos agua en tanques, cisternas, cubetas o contenedores.

Aquello es lamentable pues de acuerdo con la CONAGUA, México tiene agua renovable suficiente para darle 10 mil 036 litros diarios a cada connacional, con mucho bastante más de los 150 litros diarios que se requieren para satisfacer las necesidades de higiene y salud de cada uno de los mexicanos.

Esa penuria por falta de agua de la mayoría de nosotros se debe a que las reglas de acceso y uso del agua están mal diseñadas al favorecer la falta de coordinación, monitoreo, presupuesto y la concentración del líquido en un puñado negocios e individuos.

Por otro lado, el 75 % del agua se usa para la agricultura y un buen volumen de ella es utilizado por concesiones a organismos privados llamados eufemísticamente “distritos de riego”, que en realidad son seres humanos, familias o empresas que no pagan el agua y toman decisiones privadas sobre su distribución, los recuros públicos asociados al ramo (recuérdese el reciente escándalo suscitado en el Distrito de Riego 029) y hasta las cuotas que pagan los usuarios. Y lo peor, si la agroindustria no usa del todo el agua concesionada, por ley puede venderla al major postor y hacer millones, por ejemplo, Tijuana tiene que comprarle agua al Distrito de Riego 014 para no dejar sin agua a sus 2 millones 157 mil habitantes. A nivel nacional de 138 mil titulares de concesión que deberían pagar por el agua, solo el 37% tienen registro para hacerlo, de los registrados, solo tiene constancia de pago el 32%. 

Y para documentar nuestro pesimismo, resulta que en México algunos bancos e inmobiliarias tienen concesiones de agua donde en un futuro el líquido será negocio, a saber: Banco Santander tiene una concesión en Quintana Roo por 1.8 mil millones de litros de agua, Banco Azteca otra en el Valle de México por 2.2 mil millones, suficientes para abastecer a 40 mil personas y Casas Geo !concesiones de agua para uso agrícola! 

Hay un mercado negro en el que los concesionarios transfieren derechos a otros sin informar a la autoridad y existen familias que de a poco han ido acumulando concesiones, como la familia Tricio, dueña del Grupo Industrial Lala, con disponibilidad de 171 pozos que sumados hacen 46 mil millones de litros, más que toda la que tienen Francisco I. Madero, Gómez Palacio, Lerdo, Matamoros y Torreón en La Laguna. 

Es moda hablar del aprovechamiento del “nearshoring” hacia México y soslayar la cantidad de agua que se necesitará para el asentamiento de esas empresas en nuestro territorio. De ahí que se hace necesario poner orden en el uso de agua en México sustituyendo la salinista Ley de Aguas Nacionales por una Ley General de Aguas que, como sostiene la asociación civil Agua Para Todos de Pedro Moctezuma Barragán: “sea un ordenamiento legal que no rompa con el respeto a los derechos ancestrales y con una dinámica de gestión de ciclos que considere el agua un bien de la nación y un bien común de las mexicanas y los mexicanos, para no convertirla en mercancía al servicio del lucro de grandes compañías mexicanas y extranjeras, y de personas morales y físicas”.

En otras entregas discurriré sobre la necesidad de crear o modificar leyes relativas a la banca y el financiamiento a PYMES; al desarrollo sostenible, señaladamente la urgencia de decretar las cabeceras de cuenca áreas de seguridad nacional; a las ciencias, humanidades, desarrollo tecnológico e innovación; al campo y a la educación en todos sus niveles.

** El texto se basa en su mayor parte en 4 fuentes: 

• https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/B09DEEAE543D050F58F4696EB8FF2D8D/S2071832219000993a.pdf/div-class-title-the-artificial-intelligence-of-european-union-law-div.pdf.
• Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad.
• Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI).
• Ríos, V. 2023. No Es Normal. Ed. Grijalbo. 342 pp.