Ya hay proyecto de reforma electoral

La entrega del proyecto de reforma electoral a la presidenta Claudia Sheinbaum y su próxima remisión para iniciar el trámite legislativo, es una prueba de cohesión política, de liderazgo y de capacidad para conducir un proceso que exige acuerdos amplios y visión de Estado por parte de todos los protagonistas, no solo de quienes dirigen al gobierno.

Anoche, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, presentó a la mandataria los primeros avances del proyecto. Según versiones dadas a conocer, “la Presidenta ya tiene el proyecto… Todavía lo va a revisar y lo estará presentando en los próximos días”. Esa frase, aparentemente rutinaria, revela que el documento aún no está listo para su presentación pública. Y no lo está porque la coalición gobernante enfrenta tensiones que no pueden ignorarse, sumadas a estas, las presiones de los partidos minoritarios y grupos opositores que presionan permanentemente para descarrilar toda iniciativa que parta del grupo en el poder.

Los partidos aliados —el PVEM y el PT— han expresado reservas sobre puntos sensibles de la iniciativa, como la reducción de financiamiento público y la posible disminución de escaños. No es un secreto, dado que es sabido que: “legisladores de partidos aliados más pequeños se resisten a la propuesta”. Es natural que así sea. Cada partido defiende su supervivencia, su peso político y su margen de negociación. Pero esa dinámica, legítima en cualquier democracia, también retrasa el avance de una reforma que el gobierno considera prioritaria.

Sumados a ellos, los grupos que se empeñan por recuperar privilegios y acrecentar sus ganancias derivadas del negocio de la política.

Aun así, hay señales de diálogo. La presidenta del PVEM, Karen Castrejón, y la senadora del PT, Geovanna Bañuelos, confirmaron que “avanzan las negociaciones… luego de meses de reuniones y mesas de trabajo coordinadas por la Secretaría de Gobernación”. Es decir, el proceso no está detenido; está en construcción. Y como toda construcción política, requiere tiempo, paciencia y claridad de objetivos.

La reunión de dos horas entre Sheinbaum, Pablo Gómez, Rosa Icela Rodríguez y Ricardo Monreal demuestra que el Ejecutivo tiene el control del proceso. Integrantes de la comisión estiman que la propuesta podría darse a conocer “antes de marzo”. Ese plazo marca el ritmo legislativo y define el margen de maniobra para un debate que, inevitablemente, será intenso.

Cabría preguntarse si la reforma electoral podrá convertirse en un proyecto de Estado y no solo en un ajuste impulsado desde el gobierno. México necesita instituciones electorales fuertes, reglas claras y un sistema que responda a las exigencias democráticas actuales. Para lograrlo se requiere algo más que voluntad política: se necesita un consenso que trascienda intereses partidistas.

La presidenta tiene ante sí un reto doble. Por un lado, debe garantizar que la propuesta sea técnicamente sólida y políticamente viable. Por otro, conducir a su coalición sin fracturas, sin imposiciones y sin perder de vista el interés nacional.

La reforma electoral será, en buena medida, el primer gran examen de gobernabilidad del nuevo sexenio y, al mismo tiempo, una magnífica oportunidad que se le presenta a la 4T para reagruparse y cerrar filas.