Intocables ayer, victimizados hoy

La detención y posterior vinculación a proceso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, sienta precedentes en la relación entre poder político y justicia en México. Según la fiscalía general de la República, la organización encabezada por Ruffo constituye “la más grande red de contrabando de combustible, la cual generó un perjuicio a la Hacienda Pública por más de 4 mil millones de pesos”. Un hecho sin precedentes que, por su magnitud, desnuda viejas prácticas de corrupción y exhibe la resistencia de ciertos grupos para reconstruir el estado de derecho, donde la ley alcance también a quienes antes se creían intocables.

De unos años para acá, los políticos acorralados por investigaciones judiciales han recurrido a un libreto cada vez más conocido: declararse víctimas de persecución política, denunciar montajes (tan comunes en el pasado neoliberal), hablar de “cortinas de humo” y convertir procesos penales en campañas mediáticas. Es un “modus operandi” que funcionó durante décadas, cuando los poderes fácticos del PRIAN podían influir en jueces, magistrados y ministerios públicos para torcer el curso de la justicia. En esos tiempos, la ley era un instrumento al servicio de las élites, no del Estado mexicano.

Hoy, sin embargo, ese guion está desgastado. La detención de Ruffo no proviene de una ocurrencia partidista, sino de una investigación de un año, sustentada en aseguramientos de millones de litros de combustible ilegal y en pruebas presentadas ante la justicia federal. Y, aun así, la reacción de la oposición fue inmediata: victimizar al exgobernador, denunciar supuestas irregularidades y convertir el caso en bandera política.

El respaldo público del dirigente de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, es ejemplo vergonzante. “Me niego a callar ante esta injusticia”, dijo al anunciar que no dejarán solo a Ruffo. Más claro ni el agua: antes de permitir que la justicia avance, esos grupos prefieren cerrar filas, aun cuando las acusaciones involucran contrabando, defraudación fiscal y delincuencia organizada. ¿Para defender esas causas quieren los membretes electorales?

La defensa mediática también llegó por la vía jurídica. Fernando Gómez-Mont, abogado de Ruffo y viejo operador del sistema político del régimen agotado, reapareció para encabezar la estrategia legal. No es un personaje cualquiera: ha defendido a Carlos y Raúl Salinas de Gortari, a Rogelio Montemayor en el PemexGate y a Guillermo Álvarez en un asunto de Cruz Azul. 

Quienes gobernaron y crecieron bajo redes de corrupción mientras se daba el saqueo presupuestal y en especie, ahora buscan presentarse como víctimas. Pero el país cambió. La vinculación a proceso de Ruffo —tras una audiencia de más de 30 horas— demuestra que las instituciones pueden actuar sin mirar colores partidistas. La jueza Alejandra Ramírez de la Vega determinó que existían datos de prueba suficientes para iniciar el proceso penal, y ratificó prisión preventiva para cinco de los imputados, incluido el exgobernador.

La narrativa del perseguido político ya no alcanza para ocultar ilegalidades. Tampoco para borrar el daño económico causado al país ni para justificar prácticas que durante años se normalizaron bajo el amparo del poder. Hoy, la justicia toca puertas otrora blindadas.

El caso Ruffo es más que un expediente judicial: es un espejo que refleja la transición de México hacia un Estado donde la ley no será negociable. Y también es un recordatorio de que, cuando la justicia avanza, los viejos privilegios reaccionan. Pero esa reacción, cada vez más estridente, ya no detiene todos los procesos. Solo confirma que el país está cambiando y esperemos sea para bien.

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