Intercambios mediáticos

La reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a las últimas advertencias de Donald Trump acentúa, además de la tensión permanente en la relación bilateral, una disputa por el relato: quién actúa, quién falla y quién define las reglas del juego en materia de seguridad. Más allá del intercambio mediático, lo que quedó claro en la conferencia mañanera de este jueves, es que México no está dispuesto a aceptar la narrativa estadounidense de que la responsabilidad recae únicamente de este lado de la frontera.

Sheinbaum comenzó por matizar la declaración de Trump, recordando que no es la primera vez que el mandatario estadounidense amenaza con “actuar” si México no lo hace. La presidenta respondió con cifras: reducción cercana al 50% en homicidios dolosos, 2,500 laboratorios destruidos y detenciones sustentadas en carpetas de investigación formales. Es decir, México sí actúa, pero no bajo la lógica de presión externa, sino bajo su propio marco legal.

El punto más relevante, sin embargo, no fue la réplica a Trump, sino la lectura política del nuevo documento de estrategia antidrogas publicado por Estados Unidos. Por primera vez, Washington reconoce explícitamente que su crisis es interna: un problema de consumo masivo que requiere campañas en escuelas, atención de salud pública y cambios en normas sociales. Ese reconocimiento, largamente exigido por México, desmonta la idea de que el narcotráfico es un fenómeno que se origina fuera de las fronteras de EU. Sheinbaum lo subrayó con claridad: mientras no disminuya el consumo en Estados Unidos, cualquier esfuerzo será insuficiente.

La presidenta también recordó que en una conversación previa, Trump le preguntó por qué México no enfrenta una crisis de drogadicción similar. Su respuesta —valores familiares fuertes y campañas preventivas— no es sólo un contraste cultural, sino un mensaje político: México no puede cargar con la responsabilidad de un problema que Estados Unidos dejó crecer por décadas.

Otro punto clave del documento estadounidense es el reconocimiento de la necesidad de frenar el tráfico de armas hacia México. Sheinbaum lo colocó al mismo nivel que la reducción del tráfico de drogas hacia el norte. Si Washington exige resultados, debe asumir su parte: las armas que alimentan la violencia en México no se fabrican aquí y gran parte de ellas vienen del vecino país.

En cuanto a las declaraciones del fiscal estadounidense sobre posibles acusaciones contra funcionarios mexicanos, la presidenta fue tajante: pruebas, no insinuaciones. Recordó que la única “evidencia” que acompañó su requerimiento más reciente fue una hoja con la leyenda “Juanito, 30,000 pesos”, un ejemplo que CSP utilizó para exhibir la fragilidad de los señalamientos. México, dijo, no protege a nadie, pero tampoco actuará sin sustento legal.

La exigencia de reciprocidad también estuvo presente. Mientras México ha extraditado a más de 90 personas perseguidas por Estados Unidos, Washington no ha entregado a individuos vinculados con el huachicol ni con el caso Ayotzinapa. La cooperación, puntualizó, debe ser de ida y vuelta.

Finalmente, Sheinbaum reiteró los cuatro principios que deben regir la relación bilateral: respeto a la soberanía, integridad territorial, responsabilidad compartida y confianza mutua. No son simples formalidades diplomáticas; son la línea roja frente a cualquier intento de intervención o injerencia, especialmente en tiempos donde la política interna estadounidense suele convertir a México en instrumento electoral.

La mañanera dejó claro que el gobierno mexicano no está dispuesto a ceder en el terreno político ni en el jurídico. La disputa no es sólo por la seguridad, sino por la narrativa: quién define el problema y quién define la solución. Y en esa disputa, México decidió no quedarse callado, como debe ser, porque quien calla otorga.