Ni venía al caso

El anuncio de una posible modificación al calendario escolar por parte de la Secretaría de Educación Pública provocó algo que debería haberse evitado a toda costa en el ámbito educativo: confusión generalizada. Aunque la decisión final fue mantener el calendario como estaba, el episodio dejó al descubierto una serie de fallas por un tema que ni venía al caso, además.

El propio secretario Mario Delgado se encargó de enumerar algunas anomalías que deberán corregirse cuanto antes: después de la entrega de las últimas calificaciones el 15 de junio, las escuelas se desvirtúan, según su dicho y “se convierten en estancia forzada”.

“Hay diferentes realidades geográficas y climáticas de las escuelas a lo largo del país, por lo que el calendario escolar debería adaptarse a las necesidades de cada región, tomando en cuenta a todos los sectores”, afirmó el propio titular de la SEP. 

Estas, entre otras, son tareas por realizar con la urgencia del caso, sobre todo si el tema pedagógico se relaja en las últimas semanas del ciclo escolar. La educación es, necesariamente, un espacio que exige seriedad y respeto a toda la comunidad educativa. 

Familias, docentes y estudiantes organizan su vida alrededor del calendario oficial. Alterarlo sin una ruta clara, sin consensos previos y sin comunicación precisa genera un efecto dominó que va más allá de las aulas. Pero el problema no fue únicamente la propuesta, sino la forma en que se presentó y se gestionó.

Uno de los principales aprendizajes de este episodio es la urgencia de fortalecer la planeación pública. Las políticas educativas no pueden construirse como respuestas improvisadas a coyunturas mediáticas, climáticas, futbolísticas o incluso logísticas. Requieren análisis técnico, evaluación de impactos y, sobre todo, visión de largo plazo. Cada día de clase cuenta mucho en un país que todavía enfrenta rezagos educativos profundos.

Otro aspecto del tropiezo fue la comunicación. Cuando una institución anuncia una medida sin claridad sobre su carácter se abre la puerta a interpretaciones encontradas y a reacciones defensivas. La confianza institucional se construye con mensajes claros, oportunos y coordinados. 

En este caso, la rectificación fue necesaria, pero llegó después de que el ruido estaba en los máximos decibeles. Algunos habían sonado sus clarines de guerra y se aprestaban para anticipar protestas callejeras  previstas para fechas posteriores.

Los de la coordinadora, con sus amagos de boicotear el mundial, empezaban “a darle filo a sus machetes”. Los de las asociaciones de padres de familia, pegaron el grito en el cielo y las madres que trabajan, ya no querían saber quien la había hecho, sino quien se las iba a pagar.

También quedó claro que escuchar a las comunidades educativas no es un trámite, sino una obligación sustantiva. Las reacciones de padres, especialistas y autoridades locales evidenciaron que existen voces con experiencia directa en el terreno que deben ser parte de la toma de decisiones. 

Finalmente, este episodio mostró el valor de una sociedad atenta y participativa. El debate público funcionó como un mecanismo de corrección. No desde la confrontación, sino desde la exigencia legítima de certezas en un ámbito tan sensible como es la educación.

Mantener el calendario escolar fue una decisión pertinente. Pero la lección de fondo está en evitar que acuerdos “unánimes” de esta naturaleza vuelvan a generar sobresaltos innecesarios. La educación necesita certidumbre, coherencia y respeto por quienes la viven todos los días. Conducirla bien implica no improvisar, pero ante todo, abstenerse de usarla con fines políticos.

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