Agenda climática en la SEP

La Secretaría de Educación Pública inició un nuevo problema al anunciar, con tono de unanimidad y disposición definitiva, el cierre anticipado del ciclo escolar en curso  al 5 de junio. Apenas unas horas después, la propia autoridad tuvo que matizar el mensaje y admitir que el calendario sigue en revisión. El episodio exhibe un problema relevante : la improvisación como método y la falta de sensibilidad frente a una comunidad educativa que ya carga con rezagos profundos y desigualdades estructurales.

El Boletín oficial 161 presentó la decisión como un acuerdo sólido entre la SEP y las 32 autoridades estatales, justificado por la ola de calor y por la realización del Mundial de Futbol. El documento incluso detalló una reconfiguración completa del calendario: cierre anticipado, Consejo Técnico Escolar (CTE) movido al 8 de junio, labores administrativas hasta el 12, dos semanas de reforzamiento en agosto y arranque del ciclo siguiente, el 31 de agosto. Todo ello bajo la promesa de que “se garantizará el cumplimiento de las metas del plan y programas de estudio”. Con casi 3 meses de vacaciones.

Pero la narrativa oficial se desmoronó de inmediato. La SEP confirmó que este lunes 11 de mayo habrá una nueva reunión para “definir la propuesta final”, lo que implica que el acuerdo del 7 de mayo no era definitivo ni unánime, sino apenas iniciativa, casi una ocurrencia. El secretario Mario Delgado habló de “revisar integralmente el calendario”, una frase que contradice la contundencia del anuncio inicial y revela que la decisión se tomó sin medir sus efectos sociales, pedagógicos y laborales.

Mientras la SEP intenta recomponer el discurso, la inconformidad no para. Padres de familia, organizaciones civiles y especialistas advierten que recortar días de clase en un país con 24.2 millones de personas sin educación básica completa es un despropósito. Estados como Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Veracruz superan el 38% de rezago educativo; en ese contexto, adelantar el cierre escolar no solo es imprudente, sino regresivo. El argumento climático no alcanza para justificar una medida que profundiza desigualdades y compromete aprendizajes.

La protesta más contundente proviene de las familias trabajadoras, que enfrentarán una carga adicional e imprevista de cuidados y gastos por el cierre precipitado. La decisión tampoco agradó al magisterio: aunque el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) avaló el acuerdo, varios sectores docentes lo califican de “acuerdo al vapor”. Las escuelas particulares, por su parte, anticipan que podrían mantener su propio calendario, abriendo un escenario de fragmentación en el sector educativo.

La Presidencia de la República tuvo que intervenir para aclarar que nada está decidido. El daño, sin embargo, ya está hecho: la SEP perdió control del mensaje y abrió un debate que pudo evitarse con mayor rigor técnico y mayor consulta social. En un país con rezagos tan profundos, la educación no puede ajustarse a la agenda del clima ni a la del espectáculo deportivo. La reunión del 11 de mayo será decisiva, pero la lección ya está sobre la mesa: la política educativa exige máxima seriedad, en vez de anuncios atropellados.

La SEP tiene oportunidad —y la obligación— de corregir. Porque lo que está en juego no es una fecha en el calendario, sino la confianza pública en la conducción educativa de todo un país.