La doble vara

La política frecuentemente deja los principios de lado para convertirse en un juego de conveniencias. Los casos recientes en Chihuahua y Sinaloa lo demuestran con una claridad incómoda: los partidos no buscan la verdad, buscan la ventaja. No defienden la legalidad, la administran. Y en esa apuesta, la coherencia es siempre primera víctima.

El caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, es un asunto de hechos consumados. No se trata de filtraciones, rumores o especulaciones. El operativo con agentes extranjeros ocurrió, no fue informado al gobierno federal y la mandataria se ha negado a entregar los informes solicitados por las autoridades que investigan el asunto y por el Senado. Morena lo resume en una frase contundente: el operativo “ha infringido leyes nacionales e internacionales” y constituye un “atropello a la soberanía nacional”. La evidencia es pública, verificable y exige explicaciones que la gobernadora no ha dado.

Aquí no hay margen para la ambigüedad. La autoridad actuó, omitió y ocultó. Y el PAN, en lugar de exigir claridad, ha optado por minimizar el hecho, reducirlo a un pleito político y cerrar filas en torno a la gobernadora. La estrategia es traslúcida: negar la gravedad para evitar el costo.

El caso de Rubén Rocha Moya, en cambio, se sostiene sobre un terreno completamente distinto. No existe un expediente oficial entregado por Estados Unidos. No hay pruebas formalizadas. No hay solicitud de extradición sustentada. La FGR no ha iniciado una investigación porque no tiene elementos para hacerlo. El gobierno mexicano pidió a Estados Unidos sustentar sus acusaciones, y la respuesta no llegó por las vías institucionales, sino únicamente a través de propaganda mediática.

La diferencia es abismal: en Chihuahua hay hechos acreditados; en Sinaloa hay acusaciones sin sustento jurídico. En Chihuahua hay omisiones verificables; en Sinaloa hay un vacío probatorio. En Chihuahua la autoridad local se niega a informar; en Sinaloa la autoridad estadounidense se niega a entregar pruebas.

Y sin embargo, la oposición exige que Rocha Moya, gobernador con licencia, sea tratado como culpable desde la filtración, mientras pide prudencia, contexto y respeto al debido proceso para Maru Campos. Morena, por su parte, invierte el argumento: exige sanción inmediata en Chihuahua y denuncia intromisión extranjera en Sinaloa. El debido proceso se exige o se desecha según quién esté involucrado. La verdad se invoca, mas no se sostiene.

Y cuando la coherencia desaparece, la ciudadanía queda atrapada entre narrativas que se anulan entre sí. La rendición de cuentas se vuelve selectiva, no institucional.

Como regla, los partidos ven con lupa la paja en el ojo ajeno, pero se niegan a reconocer la viga en el propio. Y en esa negación, en esa doble vara, en esa hipocresía sistemática, se revela la realidad de nuestra vida pública.

Las carencias argumentativas de Morena de pronto le llevan a callejones de complicada salida. Por su parte, el PAN, fiel a su raigambre ideológica, quiere saldar sus pecados negociando lo que manda el catecismo : Hágase, Señor, tu voluntad… pero en los bueyes de mi compadre.