Verdad y justicia ya

El anuncio de que la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República recorrerán las regiones del país para reunirse directamente con familias y colectivos de búsqueda es, sin duda, un gesto político importante. Es la consecuencia inevitable de una crisis que lleva más de seis décadas acumulando silencios, omisiones y agravios, y que hoy exige una presencia institucional que no puede seguir aplazándose.

En su versión contemporánea, la desaparición de personas en México no comenzó con el crimen organizado ni con la llamada “guerra contra el narco”. Se remonta a los años sesenta, cuando la represión contra el movimiento estudiantil y diversos movimientos sociales derivó en desapariciones forzadas cometidas directamente por el Estado. Ese origen marca una herida histórica que nunca fue cerrada, porque no hubo verdad plena ni justicia. 

Con el paso del tiempo, el fenómeno mutó: dejó de ser una práctica estatal sistemática y se convirtió en un delito cometido por grupos criminales que operaron durante décadas con una impunidad casi absoluta. La incapacidad —y en ocasiones complicidad o la falta de voluntad— de los gobiernos neoliberales para enfrentar a estas organizaciones permitió que la desaparición se expandiera hasta niveles que llevaron a hablar del “Estado fallido” o incluso “narcoestado” durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Frente a ese legado, los dos últimos gobiernos —el de Andrés Manuel López Obrador y el de Claudia Sheinbaum— han sido los primeros en reconocer públicamente la magnitud del problema y en emprender acciones institucionales para enfrentarlo. 

La creación de la Alerta Nacional de Búsqueda, la Plataforma Única de Identidad, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer reporte, son avances recientes. Pero también es cierto que estos esfuerzos han sido deficientes en su comunicación pública y, sobre todo, insuficientes en la incorporación plena de la sociedad civil y de los familiares de las víctimas en las acciones para subsanar tan sensible asunto.

Porque si algo ha demostrado esta crisis es que ninguna política pública funciona sin los directamente interesados, sin las familias. Fueron ellas, durante largos años, quienes buscaron solas en fosas clandestinas, presionaron a fiscalías, documentaron casos, construyeron bases de datos y obligaron al Estado a reconocer lo que durante años fue invisibilizado. Hoy, cuando el gobierno anuncia una gira nacional para escucharlas, no puede olvidar que ellas han sido la brújula moral en esa lucha. No bastará con reuniones: deberá convertirse esa experiencia en política pública vinculante.

El contexto actual no admite dilaciones y simulaciones menos. México registra más de 133 mil personas desaparecidas y no localizadas, con un promedio de entre 32 y 40 desapariciones diarias en los últimos seis años, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, CNB. 

La emergencia forense es igual de alarmante: más de 70 mil cuerpos permanecen sin identificar en instalaciones del Estado. La comisionada nacional de Búsqueda ha documentado registros incompletos, expedientes deficientes y falta de información en fiscalías estatales. La realidad es contundente: el país no puede seguir administrando la crisis, tiene que ponerle punto final.

La gira de SEGOB y la FGR coincide, además, con un momento de escrutinio internacional. México ha aceptado las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ha precisado que no minimiza la crisis. El gobierno federal reconoce que la desaparición ya no es una práctica ordenada desde el Estado, como ocurrió en el pasado, y que existe un compromiso activo para fortalecer capacidades institucionales, garantizar la verdad y atender a las víctimas. Pero aceptar recomendaciones implica pasar de las declaraciones para asumir obligaciones verificables.

Por eso, esta gira debe ser evaluada no por la narrativa oficial, sino por sus resultados. ¿Se fortalecerán realmente las fiscalías estatales? ¿Se corregirán los registros incompletos? ¿Se acelerará la identificación forense? ¿Se escuchará a las familias no como invitadas, sino como actoras centrales?

La presencia en territorio es necesaria, mas no limitativa. La crisis de desapariciones exige una política de Estado sostenida, transparente y evaluable. Exige que la sociedad —y especialmente las familias— deje de ser un actor consultado y se convierta en un actor vinculante, reitero. Exige que el Estado mexicano, por primera vez en décadas, asuma plenamente su responsabilidad histórica, política y legal.

La dignidad de las familias no admite más demoras. La verdad y la justicia no pueden seguir postergándose. Y la justicia, si ha de llegar, debe construirse con ellas y a la brevedad posible.

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